Primera acusación constitucional contra una autoridad regional designada por el gobierno de Sebastián Piñera.

Valparaíso 10 Junio 2010.- Las bancadas del Partido Comunista y de la Concertación presentaron la primera acusación constitucional contra una autoridad regional designada por el gobierno de Sebastián Piñera.

El libelo acusa a la intendenta de la Tercera Región, Ximena Matas Quilodrán y al gobernador de Copiapó Nicolás Noman Garrido, por inquirir, mediante un formulario, a los funcionarios públicos su filiación política y militancia sindical o gremial en contravención de las normas constitucionales que garantizan la libertad de expresión y de opinión.

El diputado Lautaro Carmona explicó que este expediente ha sido utilizado por las nuevas autoridades para despedir a empleados fiscales, tal como lo denunciara en mayo pasado en la sala de la Cámara en la hora de incidentes.





“Tenemos mucho interés en los alcances de esta acusación, entre otros con Alberto Robles, diputado por el distrito 6, porque estamos ubicados en la región de Atacama. El tema que motiva esta presentación la hicimos saber hace más de un mes, dando a conocer una gran preocupación de los trabajadores fiscales, ahora extendida a nivel nacional”.





“El Primero de Mayo, junto al presidente zonal de la CUT, compartimos esta denuncia y concordamos presentarla en el Parlamento. De esta fecha hasta ahora, no se ve la capacidad de reflexionar por parte de las autoridades sobre estas razzias completas de trabajadores del sector público que obligan a tomar acciones desde el punto de vista legal para defender la estabilidad en el empleo de los funcionarios fiscales. Que (establece que) sólo sean evaluados según la descripción del cargo, las exigencias que se le hacen y su grado de cumplimiento”.

“No hay otra razón, menos de carácter político o gremial o sindical. Ese tiempo pasó y pareciera que algunos no tienen plena memoria de aquello. Es lo que le pasó al ex embajador en Argentina que se trastornó y empezó a reivindicar el golpe de estado en un lugar bastante poco adecuado porque es el centro de lo que fue la operación Cóndor y le ha costado el cargo”.

“En este caso nosotros estamos instalando un antecedente que esperamos sea suficiente para terminar con esta suerte de “listas negras” que quieren dejar sin empleo al trabajador que piensa distinto al gobierno actual. Esto debería llevarnos a establecer la responsabilidad del ministro del Interior”.

“¿La intendenta es autónoma desde el punto de vista de las indicaciones que pueda entregar? ¿Existe ese grado administrativo de autonomía respecto de los gobiernos regionales? Lo que estamos haciendo es lo que obligan las circunstancias, no pueden quedar al garete los trabajadores fiscales, al gusto o disgusto y a la discrecionalidad de un jefe transitorio porque ese es un derecho que está consagrado en nuestra legislación”, concluyó Carmona.

La iniciativa legal, suscrita por todos los partidos de la Concertación y del Partido Comunista, fue presentada a los periodistas por los diputados Aldo Cornejo, Gabriel Asencio, Gabriel Silber y Roberto León (PDC); Alberto Robles (PRSD); Adriana Muñoz y Tucapel Jiménez (PPD), Sergio Aguiló, Denise Pascal y Fidel Espinoza (PS) y Lautaro Carmona (PC)